Derecho a la vivienda
El movimiento por la Vivienda protesta contra el negocio de este derecho y el pago de 94.000 euros en multas

El activismo por el derecho a la vivienda le está saliendo más que caro a las vecinas y vecinos afectados por las hipotecas y/o los desahucios encubiertos provocados por el alza en el coste de alquileres de pisos e incluso, habitaciones. Este martes quieren denunciarlo con una concentración también para señalar los desahucios ejecutados por CaixaBank, uno de los seis grandes bancos del Ibex 35 con mayores ganancias en los últimos años, y la represión que ha sufrido el movimiento justamente por intentar defender negociaciones justas. Esta vez, la convocatoria se realiza en conjunto con el Sindicat de Llogateres de Catalunya, “las 8 de Caixabank“ de Guadalajara, la PAH de Zaragoza, Plan Sareb y la plataforma No somos delito.

Son estas organizaciones y colectivos que intentan defender el derecho a la vivienda, o negociar alquileres justos de acuerdo a los ingresos familiares, las que se han visto afectadas al enfrentar a los cuerpos de seguridad durante antes durante y después dela ejecución de los desahucios.

“Mientras crece el apoyo social a las movilizaciones y la preocupación por la vivienda, la respuesta del gobierno es asfixiar con multas a las personas que se movilizan, aplicando libremente una Ley Mordaza”

“Los despliegues policiales y las multas para defender los intereses de Caixabank siguen en aumento”, argumentan las convocantes y enumeran los procesos administrativos y judiciales que enfrentan actualmente: “18.000 euros en multas sólo por impedir de forma pacífica el cuarto intento de desahucio en Vallecas de Pili, víctima de violencia de género y con menores a cargo; siete años de proceso judicial que han vivido en la PAH de Guadalajara o un total de 60 años de cárcel que reclaman a las compañeras de Zaragoza. “Mientras crece el apoyo social a las movilizaciones y la preocupación por la vivienda, la respuesta del gobierno es asfixiar con multas a las personas que se movilizan, aplicando libremente una Ley Mordaza que sigue sin ser derogada”, sostienen.

En el caso de Madrid, otro episodio represivo contra el movimiento de vivienda tuvo lugar el 19 de noviembre de 2024, cuando se concentraron en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para volver a denunciar a Caixabank como una de las entidades que más desahucia, así como lo que consideran “la ineficacia del llamado 'escudo social' a la hora de paralizar los desalojos de familias enteras. Ese día, señalaron cómo la participación estatal en Caixa (un 17,9% a través del FROB), lejos de conducir al banco hacia una política más social en materia de vivienda, da cabida a la consolidación del banco como agente especulador. A su vez, exigimos la creación de una mesa de negociación.

“A día de hoy acumulamos 98.000 euros de multas por 15 sanciones (otras 30 están aún pendientes por llegar) y no tenemos respuesta respecto a la negociación”

Fue durante esa protesta pacífica que el jefe de seguridad que se encontraba ese día en el Ministerio que dirige Bustinduy aseguró que trasladarían las demandas del movimiento de vivienda y que no habría represalias. Eso hicieron, indican, sin embargo “a día de hoy acumulamos 98.000 euros de multas por 15 sanciones (otras 30 están aún pendientes por llegar) y no tenemos respuesta respecto a la negociación”. Es por ello que esta tarde van a concentrarse además de “denunciar la creciente precarización a la que nos enfrentamos a la hora de defender nuestras viviendas”.

Familias afectadas por los desahucios de Caixabank ocupan la sede del Ministerio de Derechos Sociales

Redacción El Salto

CaixaBank

Derecho a la vivienda Familias afectadas por los desahucios de Caixabank ocupan la sede del Ministerio de Derechos Sociales

Redacción El Salto

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) exige al Estado, que posee el 18% de Caixabank, que intermedie para acabar con los desahucios ejecutados por este banco.

El movimiento de vivienda madrileño, exige también a Economía el archivo de todos los procedimientos de desahucio de la Sareb, la rescisión de los contratos con las mediadoras privadas de la entidad, y la paralización indefinida de la venta de todos los activos de la compañía. “Mientras crece el apoyo social a las movilizaciones y la preocupación por la vivienda, las respuestas represivas se endurecen. Pero no nos quedaremos calladas”, concluyen.