Economía
Barcelona paraliza las cocinas fantasma, Madrid se queda en el anuncio

Madrid y Barcelona ilustran dos caras de una misma moneda: cómo gestionar las quejas vecinales ante la proliferación de cocinas fantasma en estas ciudades. Mientras que el Ayuntamiento de Barcelona anunció el viernes que paralizaba la concesión de licencias durante un año tras atender las quejas vecinales e inspeccionar los dos proyectos que han aflorado en la ciudad, el delegado de Urbanismo de Madrid explicó el miércoles que modificará el plan urbanístico, pero que este no precisa de una moratoria previa. Dicho de otro modo, estos negocios pueden seguir solicitando licencias hasta que se tramite el cambio, cambio que tarda entre cuatro meses y un año entre la apertura del expediente y su resolución. 

De hecho, muchas cocinas en Madrid ni siquiera operan con licencia de actividad, lo hacen bajo una mera declaración de responsabilidad. El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes (Ciudadanos), tampoco reconoció el alcance de las dark kitchen que han emergido en la capital española desde 2018, que la concejala del PSOE, Mercedes González, cifró en 30 durante su intervención en la Comisión Desarrollo Urbano y de Obras y de Equipamientos.

Las dark kitchen o cocinas fantasma, ambos eufemismos de cocina industrial, parecen el negocio de la década. Fácil y con poca inversión: alquilas una cocina de 20m2 perfectamente equipada, contratas a alguien con carnet de manipulador de alimentos, compras el género y las apps de Glovo, Deliveroo y Uber Eats te ponen en el mercado. Prepárate para recibir pedidos. Los riders recogerán el pedido y lo entregarán al cliente rápidamente, porque las cocinas industriales se sitúan donde no pueden: en zonas residenciales, a un paso de la Diagonal, dentro de la M30. Quien ejecuta las obras y alquila el espacio se embolsa entre 2.000 y 3.000 euros al mes por cocina.

Cuando Airbnb llegó a las ciudades, hubo voces que enseguida alertaron de sus consecuencias: gentrificación. Con las cocinas fantasma, no hace falta haber leído ensayos sociales para aventurar el desastre. En Barcelona, a las faldas del Camp Nou del Barça, los vecinos se levantaron un día enero con un chimenea en construcción de cuatro pisos de altura en el edificio colindante, un antiguo supermercado con licencia de obrador que llevaba años cerrado. “Nos imaginábamos cualquier cosa, pero no una cocina industrial. Preguntamos a los albañiles y obtuvimos un silencio sepulcral como respuesta. Llamamos al regidor, vino enseguida y al ver la chimenea, se llevó las manos a la cabeza. Me dijo no te preocupes, esto lo paramos el lunes”, explica Ana Ramón, presidenta de la Associació de Veïns del Camp Nou. Y así fue. Estaban construyendo una planta por encima de la cubierta, la avaricia les pudo y toparon con la normativa urbanística.

“Que no me venga con milongas, eso no son puestos de trabajo, un empleo es un restaurante con sus cocineras y camareras. Y encima, estos son los mismos de Uber, que luego se llevan los impuestos a Estados Unidos”

Nada más paralizarse las obras, Ramón recibió la llamada de Cooklane, la empresa que pretendía construir 40 cocinas en la nave. Quería acordar una cita. “Estamos perdiendo dinero, me dijo. Le contesté que ese no era mi problema, que no hubieran empezado las obras, que las cocinas industriales no pueden estar en zonas residenciales. Se enfadó un poco y me pidió que le escuchara y le dije que no le queríamos aquí, ni con 40 ni con 10 cocinas. 18m2 no son un restaurante. Solo trabajarían dos personas y los chicos que se juegan la vida repartiendo los pedidos por un euro por cada viaje. Que no me venga con milongas, eso no son puestos de trabajo, un empleo es un restaurante con sus cocineras y camareras. Y encima, estos son los mismos de Uber, que luego se llevan los impuestos a Estados Unidos”. Se refiere a Cooklane, la start up en la que participa un exfundador de Uber, Travis Kalanick, quien tuvo que dimitir debido a una investigación por denuncias de acoso sexual y discriminación racial. Cooklane, Cooció y Glovo han declinado contestar a las preguntas de El Salto.

El presidente de la Associación de veïns de La Palmera, del barrio de La Verneda, Salvador Mañosas, tampoco se anda con chiquitas. “Entre todos los vecinos hemos parado las obras”, resume. No se opone a la uberización de la restauración —“todo el mundo tiene derecho a montar un negocio”—, pero a base de caceroladas, pitadas y no dejar pasar al camión que traía las piezas para montar el tejado, el tejado no está montado, las quejas han llegado al pleno municipal y el Ayuntamiento ha paralizado la concesión de licencias para cocinas fantasma durante un año, hasta que Barcelona cuente con una regulación adecuada que tendrá en cuenta el impacto ambiental, paisajístico y el riesgo de la actividad. Sobre todo de incendio, debido a las instalaciones de electricidad y gas natural. Dicho de otro modo, la empresa puede seguir con las obras en La Verneda, pero no puede optar a una licencia de apertura. Pretendían abrir 20 cocinas en una nave que era un antiguo taller que colinda con el mercado del barrio y edificios de viviendas.

“No parece que el Ayuntamiento de Madrid quiera darnos audiencia, está poniendo pegas a la oposición, y más aún a los movimientos sociales, cuando este asunto requiere de un debate serio sobre cómo debe ser la modificación de la normativa”

En Madrid

Madrid es otra historia. Los vecinos han podido reunirse con la oposición. Y solo fruto de la presión mediática —el delegado de Urbanismo consideró las quejas como alarmistas—, el Ayuntamiento ha movido ficha, “que no es más que un brindis al sol”, alerta Antonio Granero, de la Asociación vecinal Cuatro Caminos-Tetuán.

El presidente de la Asociación Vecinal Valle Inclán, Félix Arias, del barrio de la Prosperidad, coincide con la valoración de Tetuán y añade que “no parece que el Ayuntamiento quiera darnos audiencia, está poniendo pegas a la oposición, y más aún a los movimientos sociales, cuando este asunto requiere de un debate serio sobre cómo debe ser la modificación de la normativa. Por ello, queremos participar”.

Mientras los vecinos siguen municipalmente desatendidos, las empresas prosiguen con su actividad. El olor a glutamato monosódico inunda la calle José Calvo 10, donde 21 cocinas funcionan desde primera hora de la mañana hasta última de la noche en este bajo que antes era una papelería. Fuera, una hilera de motos ocupa la zona reservada para el aparcamiento, invadida también por quince contenedores de basura. GlovoApp Groceries, S.L. firma el proyecto en el que explica que se trata de un “comercio al por menor de productos alimenticios, productos de perfumería, cosmética y de artículos para la higiene y el aseo personal”. 

Ante el Ayuntamiento, la declaración de responsabilidad es sobre un supermercado para atender las peticiones rápidas vía app (condones, pañales, esas cosas). En Linkdin, hay tres ofertas de empleo para “responsables de supermercados de Glovo, en Madrid, Barcelona y València. 

Aún así, según la Plataforma de afectados cocinas fantasma José Calvo, la licencia que se les aplicó fue la de obrador, asegura Santiago Navas, tras mantener una reunión con la concejala de distrito. 

Sobre las molestias de la presencia de los riders y sus vehículos en la acera y calzada de la calle —han llegado a contar 80 en horas punta—, Antonio Granero utiliza la siguiente metáfora para describir cómo esta actividad invade el suelo público: “Es como si abriera una clínica dental y la sala de espera la pusiera en la calle”.

En el barrio de la Prosperidad, Félix Arias explica que el patio de manzana entre las calles Canalillas, Quintiliano, Zabaleta y Cartagena se ha convertido “en una colmena de 38 cocinas, mientras que el patio de Suero de Quinones con General Zabala hay 21”. “Los vecinos denunciaron ante la Policía Local en septiembre y octubre y estos comprobaron que las obras no se correspondían con la declaración con la descripción presentada en el proyecto”, añade. Nada cambió. Las cocinas industriales siguen ahí, funcionando.